La
Matanza de Acteal fue una incursión
paramilitar en la localidad de Acteal, en el municipio de
Chenalhó, ubicado en la región de
Los Altos de
Chiapas al sureste de México, el
22 de diciembre de
1997. Durante dicha incursión, fueron atacados indígenas
tzotziles de la organización "
Las Abejas", que se encontraban orando en el interior de una pequeña iglesia de la localidad. El resultado fueron 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. Mientras el gobierno mexicano intentó calificar la masacre como un conflicto étnico, opositores y grupos defensores de derechos humanos la consideran parte de una estrategia terrorista auspiciada por el gobierno para desarticular la base social de la localidad de Acteal. El crimen oficialmente fue castigado, pero diversas fuentes jurídicas consideran que el procedimiento policial y judicial fue altamente inadecuado, por lo que la comunidad que sigue exigiendo garantías, ya que el crimen permanece impune.
[1] [2] Diversas fuentes periodísticas acusan directamente a mandos del ejército de haber colaborado con la masacre, por ejemplo diversos casquillos de bala encontrados en el escenario del crimen corresponden a armas que sólo están en posesión del ejército,
[3] igualmente diversos testimonios declaran que los mandos militares armaron a civiles y les incitaron a usarlas contra otros civiles.
[4] La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que Zedillo debe ser condenado por
delitos de lesa humanidad.
[4] El grupo
Las Abejas se deslindó de la demanda en contra del ex presidente Zedillo, alegando que los demandantes anónimos deben de ser partidarios del
Partido Acción Nacional o el propio ex presiente
Carlos Salinas, con quien mantiene una seria rivalidad.
[5]
Tras los hechos de Acteal, fueron inculpados 26 indígenas identificados por los deudos de las víctimas como los autores de los crímenes. Los inculpados solicitaron un
juicio de amparo, que finalmente les fue otorgado a 20 de ellos el
12 de agosto de
2009 por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN), bajo el argumento de que la
Procuraduría General de la República (en aquél tiempo encabezada por
Jorge Madrazo Cuéllar) fabricó evidencias para inculpar a los presos.
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